Sala de Prensa

04/06/2025

Fallo de la Corte Suprema reafirmó relevancia del respeto al debido proceso

Defensora pública obtuvo sobreseimiento definitivo de imputado mapuche

La Corte acogió un recurso de amparo interpuesto por la defensora penal pública especializada Laura Torres y decretó el sobreseimiento definitivo de un comunero mapuche que había sido imputado en una causa de alta complejidad, vinculada a hechos ocurridos en Carahue.

Por Luis Ortiz Solís,
periodista Defensoría Regional de La Araucanía.

En un fallo unánime, la Corte Suprema acogió una acción constitucional de amparo presentada por la Defensoría Penal Pública en favor del comunero mapuche Roberto Huenupil y decretó su sobreseimiento definitivo y su inmediata libertad, pues se encontraba privado de libertad bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

El caso fue representado por la abogada Laura Torres, defensora penal pública especializada en causas indígenas, quien alegó una vulneración de garantías constitucionales de su representado, luego de que el Ministerio Público comunicara el cierre de la investigación sin distinguir entre imputados con plazos vigentes y no vigentes, omitiendo luego incluir al amparado en la acusación.

SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO
La Corte Suprema estableció que, al no haberse hecho distinción al momento del cierre, este afectó a todos los imputados, y que la oportunidad procesal del Ministerio Público para modificarlo ya había expirado. En consecuencia, se ordenó el sobreseimiento definitivo, conforme al artículo 247 del Código Procesal Penal.

Los hechos investigados corresponden a un ataque ocurrido en mayo de 2022 en el fundo La Suerte, en la comuna de Carahue, en el contexto de una supuesta recuperación territorial. Sin embargo, Huenupil fue detenido a fines de enero de 2025, cuando el resto de los imputados ya se encontraba en etapa de cierre o reapertura de investigación.

Desde la Unidad de Corte de la Defensoría Regional de La Araucanía se destacó el trabajo técnico y estratégico de Laura Torres, quien logró revertir fallos adversos previos del juzgado de garantía y de la Corte de Apelaciones, obteniendo un resultado que restablece el derecho a la libertad del imputado y reafirma el respeto al debido proceso.

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