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Corte Suprema ratificó sobreseimiento definitivo gestionado por defensora de Tarapacá en caso del estallido social

22/10/2025

Defensa efectiva, resguardando garantías constitucionales

Corte Suprema ratificó sobreseimiento definitivo gestionado por defensora de Tarapacá en caso del estallido social

La Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Iquique que acogió un recurso de amparo presentado por la defensora penal pública de Tarapacá Shujuan Jia en favor de un funcionario de Carabineros investigado por hechos ocurridos en 2019, reconociendo que la acción penal se encontraba prescrita.

Por Eduardo Aracena Cifuentes,
Defensoría Regional de Tarapacá.

La Defensoría Regional de Tarapacá logró un importante pronunciamiento judicial luego de que la Corte Suprema confirmara una decisión de la Corte de Apelaciones de Iquique, que acogió un recurso de amparo presentado por la defensora penal pública Shujuan Jia en favor de un funcionario de Carabineros investigado por presuntos apremios ilegítimos durante el estallido social.

El tribunal de alzada regional determinó que, al no haberse formalizado la investigación desde los hechos ocurridos el 27 de diciembre de 2019, el plazo legal de cinco años para perseguir el delito ya había vencido. Por esa razón, ordenó poner fin al proceso judicial mediante el sobreseimiento definitivo del caso.

En su resolución, la Corte de Apelaciones de Iquique explicó que solo la formalización de la investigación puede suspender el plazo de prescripción, y que la presentación de querellas no tiene ese efecto. De esta forma, el tribunal concluyó que mantener abierta la causa afectaba la libertad personal y la seguridad del funcionario involucrado.

Posteriormente, la Corte Suprema confirmó la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de Iquique el 15 de septiembre de 2025, rechazando la apelación presentada y ratificando el cierre definitivo de la investigación.

El Defensor Regional de Tarapacá, Gabriel Carrión Calderón, valoró el fallo como una muestra del rol esencial que cumple la Defensoría Penal Pública en la protección de los derechos fundamentales. “Este caso reafirma la importancia del control judicial y del trabajo técnico de nuestros equipos, orientado siempre a garantizar que las personas sean juzgadas conforme a la ley y dentro de los plazos que establece el debido proceso”, señaló.

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