Sala de Prensa

15/04/2026

En actividad de difusión de la Defensoría Regional de Coquimbo

Apoderados y profesores asistieron a charla sobre el rol de la Defensoría y la ley penal juvenil

Cerca de un centenar de personas se interiorizaron sobre la misión institucional en el marco del sistema de justicia criminal y abordaron también la “ola de amenazas” ocurridas últimamente en establecimientos educacionales.

Por Daniel San Martín D.,
Defensoría Regional de Coquimbo.

Apoderados y profesores de estudiantes de enseñanza media del colegio "Santa Familia" de Coquimbo participaron en una charla educativa que describió las principales características del sistema de justicia criminal, la misión de la Defensoría Penal Pública y la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA).

La exposición estuvo a cargo de la defensora penal juvenil Paula Pérez, quien en la primera parte de su ponencia detalló las grandes diferencias y mejoras entre el sistema penal anterior y el actual.

La abogada puntualizó, por ejemplo, que antes un juez del crimen investigaba, acusaba y condenaba a una persona, mientras que en el proceso penal actual estas atribuciones se separaron con la creación de los tribunales de garantía y de juicio oral, del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública. Agregó que esta institución es un servicio estatal que representa a un inculpado de un delito que no cuenta con recursos para tener un abogado de confianza.

Pérez explicó también el derecho a defensa, consagrado en tratados internacionales y en la Constitución Política, según el cual cualquier persona imputada tiene derecho a defensa jurídica y a que se presuma su inocencia mientras no sea condenada por un tribunal.

“En el sistema antiguo la defensa de una persona imputada era asumida por un abogado de turno, generalmente recién egresado y con escasa preparación. Hoy existe la Defensoría Penal Pública, con abogados experimentados y especializados en distintos tipos de defensa”, indicó.

LEY PARA ADOLESCENTES
En la parte final de su charla, Paula Pérez planteó que el sistema de justicia penal para adolescentes incluye a mayores de 14 y menores de 18 años, con el propósito que asuman su responsabilidad cuando cometen un delito y someterlos a una intervención psicosocial para reinsertarlos en su entorno familiar, social y estudiantil.

En esta materia, sostenedores y maestros manifestaron su preocupación por la ola de amenazas de muerte, tiroteos y violencia en general que ocurre en establecimientos educacionales, lo que ha generado activar protocolos de seguridad y suspender clases.

En este sentido, la defensora pública dio a conocer los derechos que tienen los jóvenes en caso de ser imputados de un delito y recalcó las restricciones legales para la revisión de mochilas o pertenencias de los alumnos por profesores o autoridades del colegio.

Añadió que esta es una facultad exclusiva de las policías, aunque relevó la responsabilidad de la supervisión parental en el uso de redes sociales por las y los adolescentes. “El aumento de estas amenazas son un 'efecto imitación', pues son difundidas principalmente a través de plataformas digitales y, por lo general, son 'bromas' de mal gusto de los jóvenes, sin pensar que esto tendrá consecuencias legales”, concluyó.

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