Sala de Prensa

13/04/2026

Exposición incluyó propuestas de mejora para el sistema penal

Defensor Regional de Los Ríos difundió el "Proyecto Inocentes" ante estudiantes de derecho

Ante estudiantes de derecho dela Universidad San Sebastián, en Valdivia, Luis Soto Pozo destacó la importancia de contar con un espacio de difusión de la inocencia de personas vulneradas en sus derechos por el Estado y poder corregir los errores del sistema penal.

Por Malú Rodríguez Sepúlveda,
periodista Defensoría Regional de Los Ríos.

El pasado miércoles 8, el Defensor Regional de Los Ríos, Luis Soto Pozo, difundió la importancia y el propósito del "Proyecto Inocentes" de la Defensoría Penal Pública ante estudiantes de cuarto año de derecho de la Universidad San Sebastián, en su sede de Valdivia.

El jefe regional de la defensa pública explicó que esta iniciativa busca aportar a la reparación de las personas afectadas, al divulgar la inocencia de quienes nunca debieron pasar por tribunales y menos por la cárcel. Agregó que, además, se propone dar cuenta de errores y falencias en el sistema penal que aumentan las posibilidades de que estos casos ocurran y plantea medidas que pueden disminuir significativamente esos márgenes de error.

Soto Pozo sostuvo que el tipo de causas que ingresa a la plataforma de "Inocentes" (www.proyectoinocentes.cl) son las  que concluyen en absolución, facultad de no perseverar del Ministerio Público o sobreseimiento definitivo y en las que hubo declaraciones y confesiones falsas, desprolijidad en procedimientos periciales y mala conducta de agentes del Estado o de  la defensa.

“Por cierto, nos referimos a prueba exculpatoria sustantiva y de un error evidente y grave de procedimiento o la reprochable actuación de algún agente del Estado. No califican casos en que se logró acreditar la culpabilidad sin concurrir una o más de las causales de error que establece el proyecto”, señaló.

PROPUESTA DE MEJORA
Según el abogado, son cinco los ámbitos en que la iniciativa incorpora propuestas. Por ejemplo, el registro de confesiones mediante la grabación de esa diligencia con medios audiovisuales, para despejar el riesgo de eventuales presiones en sede policial, “lo que es particularmente importante cuando se trata de personas en condiciones de vulnerabilidad, como extranjeras, migrantes, mujeres, jóvenes, personas con baja escolaridad o con algún grado de discapacidad intelectual o psíquica”.

Como segunda propuesta, Soto Pozo mencionó la necesidad de modificar los procesos de identificación, debido a que el reconocimiento visual presenta un alto riesgo de error. “Por ejemplo, la policía no debe saber quién es la persona sospechosa ni tener contacto visual con el testigo. Las personas expuestas deben ser similares a la descripción y la persona imputada no debe destacar”, precisó.

En tercer lugar, el directivo señaló la necesidad de facilitar el acceso y extender el tiempo de preservación de evidencia en el país. Como ejemplo, mencionó que el material biológico en Chile es desechado después de seis meses de ejecutoriado el fallo de una causa y no existe obligación legal de conservarlo. “Si la ciencia avanza y no existe muestra, la justicia ya no sirve”, advirtió.

Por último, cuestionó que en el país el recurso de revisión sea “en extremo restrictivo”, al requerir que la prueba nueva sea de tal envergadura, que establezca la inocencia de la persona condenada de inmediato. “El 'Proyecto Inocentes' sugiere que debiera bastar con antecedentes respecto de que una sentencia se dictó con error y que ese error pudo determinar la culpabilidad de una persona, para que el proceso pueda revisarse”.

ROSTROS E HISTORIAS
Junto con promover el portal de esta iniciativa y exhibir láminas con rostros y circunstancias de personas que forman parte del proyecto, Soto Pozo previno sobre el vacío legal que existe en Chile para lograr indemnizaciones por personas inocentes injustamente procesadas y encarceladas.

“Además de que ninguna entidad ni nadie te pide siquiera disculpas, el proceso es engorroso, extenso y con costos judiciales en cuanto a notificaciones e informes de daño, por ejemplo. Planteamos que es de mínima justicia que esto debe ser regulado por ley mediante un mecanismo idóneo y expedito”, indicó el jurista.

Por último, el Defensor Regional destacó el convenio de la Defensoría con la Fundación ProBono, que permite que distintos estudios jurídicos puedan representar a personas que demandan al Estado y no tienen los recursos para pagar por esa representación legal en sede civil.

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