Sala de Prensa

22/02/2026

Osvaldo Pizarro Quezada, Defensor Regional del Biobío:

“Si la Defensoría no cuenta con recursos, el sistema de justicia -en general- fracasa” (*)

Causas complejas y de alta exigencia han evidenciado desafíos para la Defensoría Penal Pública. Una de ellas es la falta de fortalecimiento en su dotación y la habitual presión sobre el respeto a la presunción de inocencia. (*) La Entrevista fue publicada en el cuerpo de reportajes del diario “EL Sur” de Concepción, relevando el trabajo institucional, la necesidad de fortalecer el sistema de justicia en su conjunto, y la labor que desarrolla la institución más allá de los tribunales de justicia

Publicado por Karling Silva Leal

En medio de una serie de casos judiciales complejos en la Región del Biobío que permanecen bajo el duro escrutinio de la comunidad por el interés mediático, la Defensoría Penal Pública (DPP) ha buscado la forma de utilizar esta plataforma para enfrentar el desafío de corregir sesgos comunicacionales, en donde se ponen en duda los derechos de los imputados en el acceso a garantías constitucionales y la difusión de información que suele estar al límite del quebrantamiento de la presunción de inocencia; todo esto mientras la institución enfrenta un complejo escenario para dar respuesta a un fortalecimiento del resto de las instituciones del sistema de justicia.

Así lo expone Osvaldo Pizarro Quezada, cuya carrera en la Defensoría Penal Pública comenzó hace 24 años, llegando a liderar la institución en Biobío y a lograr implementar una serie de líneas de defensa especializada, con un desempeño enfocado en beneficiar a quienes hacen valer su derecho a defensa como una garantía constitucional.

Sin embargo, uno de los desafíos actuales es que en la triada de intervinientes en el sistema judicial, compuesta por el Ministerio Público, el Poder Judicial y la DPP, esta última no ha tenido un correlato de fortalecimiento, lo que tendrá un impacto en el corto plazo en su dotación de 126 funcionarios, -64 de ellos defensores- ante la exigencia del sistema criminal. “Nuestra contraparte, que es el Ministerio Público, tiene aprobados sus proyectos de fortalecimiento y de Fiscalía Supraterritorial, en un plazo de 4 años la Fiscalía a nivel nacional tendrá un crecimiento de 500 funcionarios, ambas líneas no tienen ni han tenido un correlato en la Defensoría Penal Pública, no tenemos la dotación para enfrentar esto. La Defensoría Penal Pública necesita 176 defensores y 54 profesionales de apoyo, pero no hay presupuesto disponible para eso”.

- ¿Cómo impacta este escenario en el trabajo que realizan los defensores?  

La garantía mínima del derecho a contar con un abogado que te defienda y que permita cumplir las garantías del debido proceso se van a poner en tela de juicio. Esto es muy importante, porque el enfoque no debe ser "darle más defensores a la DPP para que defienda más delincuentes” que es lo típico que se dice. La DPP lo que hace es materializar garantías constitucionales. Si la DPP no cuenta con recursos humanos para proporcionar defensores y profesionales que materialicen dos garantías constitucionales, el sistema de justicia, en general, fracasa. 

- ¿La Defensoría está enfrentando una alta demanda de casos en Biobío?

La Región del Biobío está enfrentando una situación de estrés en materia de coberturas de defensores en audiencias, porque las causas complejas -ya sea por la cantidad de información o personas a defender con un sistema de incompatibilidad- nos está sobre exigiendo. Hoy estamos muy, pero muy justos en cobertura.

 A partir de marzo se vienen los casos Convenios, donde la cantidad de incompatibilidades de defensas hará que nuestro sistema derechamente vaya a incumplir. Se inicia la causa conocida como Molino Grollmus con 15 personas imputadas, de las cuales 13 están bajo la responsabilidad de una sola defensora, es una carga de trabajo enorme. Sin ir más lejos, la defensora local jefe de Cañete hoy está defendiendo a los imputados del caso por los homicidios de los 3 carabineros, donde la Fiscalía de La Araucanía trae una dotación extraordinaria y eso implica que a mí me hace un desajuste en el sistema de justicia, porque nos genera problemas de cobertura.

- ¿Estos casos mediáticos representan otros desafíos para ustedes?

-Quedó en evidencia no solo en el caso Grollmus, pero particularmente en el caso de la imputación por homicidio de los carabineros. En esta causa se dispuso, entre las tantas evidencias, un disco duro con 5 terabytes de información, mientras que nuestra capacidad de alojar información en nube es de un terabyte. Ese es nuestro tope. No solo la posibilidad de gestionar esa cantidad de información, sino tenerla posibilidad de leerla, revisarla, se hace casi inviable. Se hace absolutamente inviable tener el tiempo y oportunidad de revisar el contenido de esa evidencia digital de manera adecuada, expedita, incluso con los medios tecnológicos.

Evidentemente que estos grandes casos no solo plantean grandes desafíos desde la lógica de la presunción de inocencia, sino que también desde las coberturas, gestión de información de carácter tecnológico o gestión de evidencia digital.

- ¿Considera qué pese al interés social en causas complejas, las comunidades entienden cómo funciona el sistema judicial?

 -A 25 años que llevamos de la Reforma Procesal Penal que empezó en 2001, me llama la atención que el chileno en general no tiene un conocimiento cabal y adecuado del funcionamiento del sistema de justicia criminal. Se siguen generando muchos errores o muchas confusiones y pese a que, como Defensoría, particularmente en la Región del Biobío, hacemos muchas actividades de difusión sobre el rol de nuestra institución y cómo funciona el sistema de justicia criminal, no existe una cabal comprensión. Pese a que del 100% de las causas del sistema de justicia, la arista penal sólo representa el 20%.

¿Y cuáles son las actividades de difusión que realizan?

Tenemos una línea de difusión al interior de los diversos recintos penales, realizamos charlas para que las personas privadas de libertad, sean imputados o condenados, tengan un para paraguas en el conocimiento de sus derechos o generamos coordinaciones interinstitucionales para realizar Plazas de Justicia intrapenitenciarias. Una segunda línea es con organismos colaboradores del sistema de justicia, a las Fuerzas Armadas, orden y seguridad. Una tercera línea es hacia la comunidad, a través de actividades con juntas de vecinos, charlas a colegios sobre Responsabilidad Penal Adolescente. También por la sensibilidad que generaron procesos de incautación de evidenciasen investigaciones, hemos realizado charlas sobre delitos funcionarios en municipalidades, incluso en el Gobierno Regional

¿Qué complejidades representa para la DPP que la cobertura mediática de casos genere un estigma y sentencia previa en los imputados?

Cuando se generan comunicaciones mediáticas que dan cuenta que la o las personas imputadas son responsables del hecho, esa etiqueta se arrastra durante toda la investigación y cuesta mucho poder eliminar los efectos, Hay causas que terminan a través de un sobreseimiento, una inocencia, una sentencia por otro delito o la decisión de no perseverar del propio Ministerio Público, pero el estigma incriminatorio es difícilmente borrable

El reportaje incorporó además un recuadro especial sobre como se ha mantenido la persecución penal sobre el tío abuelo del menor Tomás Bravo, pese a fue absuelto en un juicio oral y haber sido acusado de dos delitos distintos en un periodo de 5 años, una de las causas más mediáticas de la última década en la zona.

Se adjunta link y archivo con el reportaje íntegro.

https://www.elsur.cl/impresa/2026/02/22/full/cuerpo-reportajes/3/

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