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15/09/2025
Realizada en conjunto con la Universidad de O'Higgins (UOH)
“TEA y proceso penal” fue el nombre de una capacitación realizada a los defensores públicos de O’Higgins
En la actividad participaron un psiquiatra infanto juvenil de la Universidad de O’Higgins y las jefas de Estudios de las Defensorías Regionales de Coquimbo y Valparaíso.
Por Andrea Contreras Márquez,
Defensoría Regional de O'Higgins.
La prevalencia del autismo en nuestro país es cada vez mayor. Según cifras entregadas por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, uno de cada 36 niños es autista y un 30 por ciento de ellos son menores con alta necesidad de apoyo. De ahí la importancia de revisar las actuaciones mínimas que debieran tener los intervinientes del sistema penal al enfrentarse a una víctima, testigo o imputado con esta condición, entendiendo que las sensibilidades de este grupo son múltiples y diversas, y que pueden impactar fuertemente en su acceso a la justicia y en la eventual vulneración de sus derechos.
Fue en este marco que la Defensoría Regional de O'Higgins organizó una capacitación conjunta con la Universidad de O’Higgins, que contó con la participación del médico psiquiatra infanto juvenil Pablo Espoz -referente del cumplimiento de la Ley TEA en la región-, quien explicó a los participantes cómo concibe su entorno una persona del espectro autista y cuáles debieran ser las primeras acciones y preguntas a realizar para enfrentar un caso penal que le afecte.
DEFENSORAS EN DOBLE ROL
La actividad contó, además, con la participación de tres defensoras públicas: las jefas de las unidades de Estudios de las Defensorías Regionales de Coquimbo y Valparaíso, Yasna Rojas y Catherine Ríos, respectivamente, además de la abogada Patricia Pérez, defensora penitenciaria de O’Higgins, todas madres de niños autistas que, con su especial mirada, ayudaron a abordar temas como la legislación, la imputabilidad y el análisis de casos.
Las tres profesionales participaron, además, en un grupo focal que convocó a funcionarios del Poder Judicial, la Fiscalía y la Defensoría con alguna relación familiar o cercana con personas TEA, para desarrollar el tema sobre cómo el sistema penal debiera tratar a las personas autistas en su condición de víctima, imputado o testigo en las distintas instancias del proceso.
Esto, en el contexto de una postulación a un proyecto del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondef), que las instituciones convocadas preparan en conjunto con la Universidad de O’Higgins y cuyo propósito es crear un sistema modular de atención técnica a personas TEA en la justicia chilena.
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