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“La autonomía se trata de los derechos de los ciudadanos, no de los defensores públicos"

19/08/2025

El Defensor Regional de Atacama entregó su balance de la gestión 2024:

“La autonomía se trata de los derechos de los ciudadanos, no de los defensores públicos"

Raúl Palma Olivares explicó que “fortalecemos cada día una institución que garantiza el acceso efectivo de toda la población, sin distinción alguna, a una defensa penal eficiente, cercana y comprometida con las personas que defendemos”.

Por Claudia Jiménez C.,
periodista Defensoría Regional de Atacama.

En una ceremonia realizada en la sala de juicio oral de la Universidad de Atacama, en Copiapó, el Defensor Regional, Raúl Palma Olivares, rindió cuenta de la gestión institucional 2024 en la zona, ocasión en la que destacó el trabajo que llevan a cabo las y los defensores públicos para promover la igualdad de género en el sistema de justicia.

El directivo informó a la comunidad que, durante sus 24 años de existencia, la defensa pública regional ha atendido a 158 mil 267 personas y que el año pasado ingresaron 6 mil 761 causas, de las cuales el 5,5 por ciento correspondió a adolescentes, el 0,4 por ciento a personas de pueblos originarios, el 8,2 por ciento a personas extranjeras y el 18,9 por ciento a mujeres.

AUTONOMÍA INSTITUCIONAL
“Sabemos que son tiempos complejos, donde la deslegitimación de la justicia, los populismos y la situación de seguridad pública son amenazas reales a la democracia y al estado de derecho, por lo que resulta crucial fortalecer las instituciones que funcionan, fomentar el acercamiento de la ciudadanía a los servicios que dan soluciones a sus demandas y que defienden concretamente sus derechos todos los días”, sostuvo el Defensor Regional.

En ese sentido, indicó que “no renunciamos a la necesidad esencial de dotar de autonomía constitucional a la Defensoría, seguros de que podremos contribuir aún más al país desde una visión y voz propia. A casi 25 años de la reforma procesal penal, el mundo y el país han cambiado, pero la Defensoría no se ha actualizado, manteniendo su estatus de organismo dependiente”, advirtió.

Tal idea fue señalada en un reciente informe de la relatora especial de Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, quien, tras reconocer el encomiable trabajo de la Defensoría Penal Pública, recomendó su autonomía como única forma de asegurar debidamente el derecho a defensa.

UNA SOCIEDAD CON MAYOR JUSTICIA, INCLUSIÓN Y EQUIDAD
“Sabemos que la particularidad y la situación de vulnerabilidad que atraviesan la mayoría de las personas que defendemos debe traducirse en una defensa que recoja la diversidad de nuestra población y, por ello, hemos construido programas de defensa específica para colectivos en situación de mayor vulnerabilidad social y que merecen especial cobertura en el acceso a la justicia”, resaltó el abogado.

Añadió que “el año pasado se comenzó a ejecutar el modelo de defensa especializada en género, convirtiéndonos en una de las regiones piloto en su ejecución, incorporando -junto a las mujeres- a las disidencias sexo-genéricas, personas cuya orientación sexual, identidad de género o expresión de género son categorías protegidas contra la discriminación por la Convención Americana de Derechos Humanos y otras normas internacionales”.

Según Raúl Palma Olivares, “el objetivo de este modelo es llevar a la práctica una serie de exigencias mínimas para defensores y defensoras que participen en la prestación de defensa penal en casos de personas pertenecientes a estos colectivos históricamente discriminados, con la finalidad de ejercer el derecho a defensa en igualdad de condiciones e inhibir la perpetuación de conductas discriminatorias estructurales en la justicia”, enfatizó.

CIFRAS PRINCIPALES
En cuanto a los tipos de delitos más comunes en la región, el Defensor Regional explicó que en 2024 el delito con más registros fueron las lesiones (17,4 por ciento), luego los delitos contra la libertad e intimidad de las personas (15,4 por ciento) y luego aquellos de la Ley de Tránsito (9,7 por ciento).

“Un asunto acuciante de nuestro sistema de justicia se vincula con la creciente cifra de mujeres penalmente imputadas y condenadas. Si en 2014 las mujeres eran solo el 15,3 por ciento del ingreso total, en 2024 fueron el 18,9 por ciento. Durante la última década hemos constatado, regionalmente y en el país, un aumento sostenido de las mujeres que ingresan al sistema de justicia penal y que son defendidas por nosotros y un mayor número de mujeres privadas de libertad”, destacó el Defensor Regional.

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