Sala de Prensa

04/08/2025

Columna de opinión:

Defensoría penal es esencial para una democracia

El siguiente artículo, redactado por el Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares, fue publicado en el diario Atacama.

Por Raúl Palma Olivares,
Defensor Regional de Atacama.

Esta semana asistimos a la cuenta pública de la Defensora Nacional en el Salón de Honor del exCongreso Nacional, en Santiago, con presencia del Presidente de la República y un número importante de autoridades, donde la Defensora dio cuenta de la gestión institucional del año 2024, pero además puso énfasis en cuestiones de suma relevancia para la justicia penal, como son el uso excesivo de la prisión preventiva, el drama de las decisiones judiciales erróneas que terminan con personas privadas de libertad injustamente, además del rol contramayoritario que con pasión desarrollamos en la Defensoría a lo largo de todo el país, frente a la pulsión punitivista desembozada y que, entre otras cosas, tiene hoy las cárceles del país con niveles de sobrepoblación y hacinamiento alarmantes.

En su cuenta, nuevamente la Defensora instó al Estado de Chile a dotar de autonomía a la institución, ya que el desequilibrio existente entre el Ministerio Público autónomo, el Poder Judicial como poder del Estado y una Defensoría dependiente del Ministerio de Justicia no se sostiene en el tiempo a 24 años de existencia, por la asimetrías que instala en un proceso adversarial que, a pesar de todos los cuestionamientos, asegura finalmente a la ciudadanía una justicia legitima y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas.

Una institución como la Defensoría Penal Pública, reconocida internacionalmente y en nuestro propio país por la calidad del servicio que brinda diariamente -sobre todo a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad social-, garantizando el acceso a la justicia y protegiendo los derechos de los imputados y de las personas condenadas, requiere de una transformación radical, que pasa por dotarla de autonomía constitucional no sólo por las múltiples recomendaciones de organismos internacionales al respecto o por la casi unanimidad de la academia sobre el punto, sino que -sobre todo- porque la autonomía beneficia a la persona imputada, que tendrá la certeza de que su defensa penal le pertenece sólo a ella, desligada de cualquier presión o interferencia actual o futura.

Una defensa penal de calidad técnica, con enfoque en los derechos humanos y con líneas de defensa especializada en las personas que atiende con las múltiples diversidades existentes en la sociedad, se refuerza con la autonomía institucional, porque el rol contralor que la defensa ejerce en el proceso penal y en la materialización de las garantías se puede ejercer de forma más nítida y concreta, lo cual beneficia al sistema de justicia penal, robusteciendo la legitimidad de las decisiones frente a la comunidad.

Por eso decimos que la Defensoría Penal con autonomía es una apuesta esencial para una democracia, porque fortalece la confianza y recompone los lazos sociales, ya que desafía la inercia formalista y la distancia cultural que la población percibe de la justicia. Como señala Zizek, hoy son necesarios cambios radicales para terminar con la peligrosa “ilusión democrática” que hoy es presa de los populismos.

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