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Mujeres indígenas privadas de libertad: una deuda pendiente en Tarapacá

09/07/2025

Columna de opinión:

Mujeres indígenas privadas de libertad: una deuda pendiente en Tarapacá

El Defensor Regional de Tarapacá, Gabriel Carrión Calderón, reflexiona sobre las múltiples vulneraciones que enfrentan las mujeres indígenas privadas de libertad, destacando cifras preocupantes y la urgente necesidad de desarrollar políticas públicas con enfoque de género e interculturalidad que reconozcan su realidad y dignidad.

Por Gabriel Carrión Calderón,
Defensor Regional de Tarapacá.

La realidad carcelaria en nuestro país es una de las situaciones preocupantes que nos toca relevar como funcionarios públicos y promotores/defensores de los derechos humanos. Así, en mi rol como Defensor Regional de Tarapacá, de la Defensoría Penal Pública, he sido testigo vívido de vulneraciones que enfrentan las mujeres indígenas privadas de libertad en nuestra región.

Esta situación no sólo refleja las falencias del sistema penal desde sus diversas vertientes, sino también una deuda histórica con los pueblos originarios de nuestro norte grande y que forman parte activa de la cultura, las tradiciones, el comercio y la identidad nacional.

Según los registros de la Defensoría Regional de Tarapacá, en 2024 se ingresaron un total de mil 352 causas con usuarios y usuarias indígenas. De ese total, 640 personas quedaron privadas de su libertad y, del total de personas identificadas con pueblos originarios que ingresaron en prisión preventiva, 223 fueron mujeres. En Tarapacá, su sobrerrepresentación es evidente: mientras que a nivel nacional las mujeres representan el 7,3 por ciento de la población penal, en nuestra región alcanzan el 17 pir ciento. Además, el 45 por ciento de las personas privadas de libertad en Tarapacá son extranjeras, muchas de ellas mujeres indígenas migrantes provenientes de Perú y Bolivia.

Estas mujeres, en su mayoría, se identifican con los pueblos originarios aymara y quechua. Además, de este grupo de mujeres, aquellas que no son chilenas llegan a nuestro país con el objetivo de buscar mejores condiciones económicas para sustentar las necesidades de sus grupos familiares en su país de origen o, como pretendemos afirmar, son verdaderas víctimas de las redes transnacionales del crimen organizado.

Las referidas redes criminales identifican a estas mujeres en sectores rurales de los países vecinos, las 'reclutan' (si se quiere darle esa denominación) y, sacando ventajas ilegítimas de su vulnerabilidad, las utilizan como verdaderos correos humanos para el transporte de sustancias controladas, para su ingreso al territorio nacional y para materializar su plan criminal 'usándolas' como verdaderos objetos.

Además, son circunstancias relevantes que profundizan aquella vulnerabilidad: la brecha comunicacional, la falta de redes de apoyo y las barreras culturales y lingüísticas que, todas sumadas bajo la visión de la interseccionalidad, hacen a este grupo de mujeres más susceptibles para ser captadas por redes del narcotráfico, lo que posteriormente resultará en su criminalización y encarcelamiento. Las redes criminales las consideran 'objetos sacrificables y totalmente fungibles'.

Así, bajo este prisma de ingreso al sistema penitenciario como imputadas y luego condenadas, no podemos desconocer que nuestros penales están diseñados principalmente para hombres; no consideran las necesidades específicas de las mujeres y menos aún las de aquellas que pertenecen a pueblos originarios. La falta de acceso a servicios de salud adecuados y oportunos, la escasa oferta de programas de reinserción con pertinencia cultural y la limitada comunicación con sus familias, son sólo algunas de las problemáticas que enfrentan estas mujeres como una consecuencia de su encarcelamiento.

Todo este contexto y sus variadas aristas jurídicas, judiciales y de acceso a la justicia me permiten afirmar que, respecto de las mujeres indígenas privadas de su libertad en el norte de nuestro país, hemos olvidado que ellas son parte de un grupo de especial protección y atención por parte del Estado. Su invisibilización genera un natural repudio en aquellos quienes somos defensores de los derechos humanos y nos impone el deber de ocuparnos de ellas en su contexto y vorágine cultural, de dignidad y especialmente de su realidad frente a las organizaciones criminales transnacionales.

En la Defensoría Penal Pública hemos impulsado iniciativas para abordar esta realidad no sólo desde una visión propiamente de defensa, en el marco del proceso penal. Se han generado también acciones concretas para procurar la identificación (un verdadero desafío) de quienes revisten la calidad de víctimas, con el consecuente reporte de aquello al ente persecutor. Además, hemos buscado aprovechar todo espacio en el que se pueda difundir derechos y entregar valiosa información a estas mujeres con el apoyo de facilitadores interculturales que hablen fluidamente el aymara y quechua, sumándose las colaboración de Gendarmería de Chile para lograr acceder a ellas en contextos de difusión de derechos y entrega de información general.

Estas acciones son sólo el comienzo. Es imperativo que el Estado chileno adopte políticas públicas con enfoque de género e interculturalidad que reconozcan y respeten la diversidad cultural de nuestra población originaria en nuestro norte querido, reconociendo en estos territorios nacionales también la multiculturalidad y sus beneficios y aportes a nuestra cultura. Sólo así podremos garantizar una justicia verdaderamente equitativa y reparar la deuda histórica con las mujeres indígenas privadas de libertad del norte andino, aymaras y quechuas.

Lee la columna completa en el siguiente enlace:
https://map.conectamedia.cl/index.php/clippingNews/view?id=48052331&email=512635&fromemail=1

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