Sala de Prensa

19/06/2025

Nicole Lacrampette expuso el modelo de trabajo y los resultados del Sircaivi

Jefa de la Unidad de Derechos Humanos participó en conversatorio de Gendarmería

La jornada, organizada en torno a dos paneles de debate, abordó el fenómeno de las represalias contra personas privadas de libertad que denuncian o son testigos de delitos funcionarios o de violencia institucional.

Por Marcelo Padilla Villarroel,
periodista Defensoría Nacional.

La jefa de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría Penal Pública, Nicole Lacrampette, participó ayer como panelista en el conversatorio interinstitucional “La protección de personas privadas de libertad que denuncian tortura, malos tratos u otros delitos funcionarios. Problemas y desafíos”, organizado por el Departamento de Derechos Humanos de Gendarmería de Chile.

La jornada, realizada en el salón del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), en Santiago, convocó a distintas instituciones a reflexionar sobre cómo, desde sus distintos ámbitos de acción, abordan el fenómeno de las represalias contra personas privadas de libertad que denuncian o son testigos de delitos funcionarios o de violencia institucional y acerca de cuáles son los desafíos y las estrategias necesarias para continuar avanzando en este ámbito.

Organizado en dos paneles de debate, el encuentro comenzó con los saludos de bienvenida, a cargo de Luis Vial Recabarren, experto del CPT, y Pablo Gaete Letelier, subdirector de Reinserción Social de Gendarmería. A continuación, el primer módulo de discusión tematizó sobre la “investigación penal de delitos de violencia institucional o otros delitos funcionarios ocurridos al interior de los establecimientos penitenciarios”.

En ese contexto, el fiscal regional metropolitano occidente, Marcos Pastén; el académico Jörg Stippel, de la Universidad Central; el juez Fernando Guzmán, del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, y el abogado Julio Cortés, del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) profundizaron en torno a las problemáticas generales que supone la investigación de este tipo de delitos, además de identificar buenas prácticas adoptadas para la protección de las personas denunciantes y propuestas de mejora para prevenir o mitigar este tipo de hechos.

PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS O TESTIGOS
La representante de la Defensoría participó luego en el segundo módulo, orientado a la protección de personas privadas de libertad que son víctimas o testigos de este tipo de delitos, junto al mencionado Luis Vial como experto del CPT; a Fernando Mardones, jefe del Departamento de Derechos Humanos de Gendarmería, y a Ángela Chávez, jefa de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit) de la Fiscalía Metropolitana Sur.

En particular, Nicole Lacrampette presentó la información que ha registrado el ‘Sistema de registro, comunicación y atención integral a víctimas de violencia institucional carcelaria’ (Sircaivi) de la Defensoría respecto de la situación de las personas privadas de libertad que denuncian hechos de violencia institucional.

En tal sentido, comentó que de un total de 527 casos de violencia institucional carcelaria registrados hasta ayer, en el 39 por ciento de ellos los usuarios han solicitado expresamente que no se denuncien los hechos de violencia ni se emprendan acciones judiciales o administrativas en su favor, precisamente por temor a sufrir represalias.

Agregó que los datos registrados en el Sircaivi muestran también que las personas que se encuentran cumpliendo condenas son mucho más reticentes a denunciar o a emprender acciones que quienes se encuentran en prisión preventiva.

TRABAJO INTERSECTORIAL
Asimismo, la abogada destacó la importancia del trabajo intersectorial para avanzar en la protección de las personas privadas de libertad que denuncian violencia institucional, contexto en que resaltó el rol que ha tenido la ‘Mesa de diálogo y actuación intersectorial’ (Medai), liderada por la Defensoría Penal Pública, para promover la comunicación y facilitar la actuación coordinada de las instituciones que la integran en el abordaje de casos de violencia institucional: el Ministerio Público, la Fiscalía Judicial, Gendarmería, el Servicio Médico Legal, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Comité para la Prevención de la Totura.

Al término del encuentro, se informó que los organizadores elaborarán un documento que sistematizará las principales experiencias, buenas prácticas, problemáticas y desafíos expuestos en la jornada, con el objetivo de promover la configuración de un sistema integrado de protección, destinado a prevenir o mitigar las represalias a personas privadas de libertad que denuncian o son testigos de este tipo de graves delitos.

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