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La importancia de la comunicación a la hora de defender a una persona imputada

18/02/2025

Para superar la barrera idiomática

La importancia de la comunicación a la hora de defender a una persona imputada

Ciudadanos chinos que debieron recurrir a un intérprete, pues no hablaban castellano, quedaron en prisión preventiva después de que el tribunal resolviera que son un peligro para la sociedad y para la víctima.

Por Cristóbal Marchant Rubio,
alumno en práctica Defensoría Regional Metropolitana Sur.

El 11° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva contra dos ciudadanos chinos, investigados por su participación en un presunto caso de secuestro de un empresario agroindustrial en Buin.

Durante la audiencia, los extranjeros fueron acompañados por el defensor penal público Camilo Jiménez y por un traductor, quien les informó los hechos por los que se les acusa, destacando así la importancia de la comunicación en un proceso penal.

Durante 2023, el 6 por ciento de las personas imputadas atendidas por la Defensoría Regional Metropolitana Sur (DRMS) eran extranjeras. La mayoría de ellas hispanohablantes, por lo que no tuvieron problemas para entender las implicancias de la audiencia en la que participaron. Una minoría habla un idioma distinto y, por tanto, no entienden el castellano, lo cual podría afectar su comprensión de los hechos imputados.

Según el jefe de Estudios de la DRMS, Mario Araya, “un imputado que no puede explicar su versión de los hechos, que puede o no puede reconocer los hechos, le genera un problema al defensor o defensora pública, ya que no puede tomar decisiones basadas en las entrevistas con su defendido”.

DERECHO A TRADUCTOR
Si bien el derecho a intérprete debe estar garantizado en todos los países de Iberoamérica, en Chile no existe precisión sobre la responsabilidad institucional de quién debe proporcionar el intérprete en un proceso penal.

Sin embargo, el compromiso de la DRMS con los imputados que no comprenden el español ha impulsado la capacitación de funcionarias y funcionarios para garantizar el acceso a la justicia para todas las personas. En ese contexto, las asistentes administrativas Sandra Acosta y Viviana Solís participaron, por iniciativa persona, en cursos de creol, buscando precisamente fortalecer la comunicación con usuarios y usuarias haitianas.

FALTA DE DEFINICIÓN
En términos prácticos, corresponde al Estado garantizar que la persona acusada comprenda los cargos en su contra, ya que si no logra entenderlos mal podría hacer valer sus derechos, restando valor a las resoluciones dictadas. Sin embargo, el debate sobre si esta responsabilidad recae en la Defensoría o en el Ministerio Público se ha prolongado durante años sin una definición clara.

Según Mario Araya, “si el Estado es persecutor y también garante, entonces el Estado debe proveer un intérprete. Sin embargo, dentro de un contexto de entrevista entre defensor y acusado, es la defensa la que debe proveer el intérprete, para no vulnerar el secreto profesional”.

En el caso de estos ciudadanos chinos llevados ante el 11° Juzgado de Garantía, el traductor fue aportado por la Fiscalía, lo que evidenció la necesidad de abordar interinstitucionalmente estas situaciones, en que la barrera idiomática no sólo afecta la comunicación, sino también el derecho a una defensa justa.

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