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¿Cómo se prepara un defensor público en una causa de alta connotación?

17/02/2025

Una muestra del trabajo institucional en la Defensoría Local de Lo Prado

¿Cómo se prepara un defensor público en una causa de alta connotación?

En menos de 72 horas, un grupo de abogados de esa Defensoría Local logró estructurar su estrategia de defensa para un caso de alta connotación, debido a la cantidad de personas detenidas y las sumas de dinero implicadas. Hasta el momento, el cuantioso botín sigue sin ser encontrado.

Por Francisco Apablaza M.,
periodista Defensoría Metropolitana Norte.

El 31 de enero pasado, la Defensoría Local de Lo Prado recibió un caso de robo, similar a muchos otros. Sin embargo, fue el lunes 3 de febrero cuando se reveló que se trataba de un asunto de gran notoriedad pública, con nueve personas imputadas y un total aproximado de 2 mil 350 millones de pesos sustraídos, lo que alertó al equipo institucional.

La primera audiencia de los detenidos se programó para el jueves 6 de febrero, lo que otorgó a la defensa pública sólo tres días para preparar su estrategia de defensa, dando inicio a una intensa semana para las y los defensores públicos.

Bajo el liderazgo de la defensora local jefe, Alejandra Lobos, abogados, abogadas y postulantes de derecho comenzaron a recopilar antecedentes con el fin de reconstruir los hechos y determinar la responsabilidad y el grado de participación de los imputados en el millonario robo.

MÁS DE AÑO DE INVESTIGACIÓN
A pesar de que el delito se clasifica como 'robo en lugar no habitado', el caso presenta complicaciones para las y los defensores públicos a cargo, debido a la magnitud de la investigación, que se inició el 4 de noviembre de 2023, por lo que actualmente existe una gran cantidad de información que debe ser procesada en un tiempo muy limitado, con nueve detenidos y el dinero desaparecido.

De esta manera, para optimizar el tiempo y llegar adecuadamente informados a la audiencia de formalización, se asignaron diversas responsabilidades a las y los profesionales de la defensa pública. Algunos se encargan de revisar los tomos de la carpeta investigativa del Ministerio Público, otros verifican en el sistema si las personas detenidas tienen órdenes de arresto pendientes u otras causas abiertas.

También se analizan las diligencias solicitadas por la Fiscalía y se preparan las fichas necesarias para entrevistar a cada detenido. Con toda esta información recopilada, se elabora la estrategia de defensa.

ENTREVISTA CON EL IMPUTADO
Después de revisar y estudiar la documentación, los defensores públicos se dirigieron al Cuartel Borgoño de la Policía de Investigaciones (PDI), lugar donde están detenidos los presuntos implicados en el robo. El objetivo era conocer su versión de los hechos. Este primer 'cara a cara' entre las y los defensores y sus representados permite identificar quiénes contarán con abogado público o privado y las posibles incompatibilidades de defensa.

Uno de los lideres de la banda que efectuó el robo había afirmado que contaba con abogada privada, pero ésta no se presentó a la audiencia de formalización, por lo que la defensora local jefe debió asumir de improviso su representación. “Siempre estamos preparados para este tipo de eventualidades. Debemos ser capaces de defender a cualquier persona en la audiencia que sea. Esa es la fortaleza de la preparación en conjunto que hacemos con estas causas”, aseguró Alejandra Lobos.

Durante la entrevista se completa una 'Ficha de primera audiencia', que incluye antecedentes sociales, económicos y familiares de la persona. La defensora pública Sayamin Parada sostuvo que “esta información es vital para conocer mejor al imputado y preparar una defensa adecuada”.

“VAMOS A APELAR”
La formalización se llevó a cabo el jueves 6 de febrero en el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago. Durante la audiencia, el fiscal Sebastián Gana solicitó prisión preventiva para los nueve imputados, quienes enfrentan cargos por asociación ilícita y robo en lugar no habitado. Además, dos de los detenidos enfrentan también cargos por Ley de Armas y a uno se le imputa, además, el delito de lavado de activos.

Respecto de la supuesta asociación ilícita, Parada comentó que “en este caso la existencia de una asociación ilícita no está clara. Es fundamental revisar si realmente estamos ante una asociación ilícita o si se trata de una situación de coautoría”, aclaró.

Así, la defensa -integrada por Alejandra Lobos, Catalina Parraguez y Sayamin Parada- se opuso a la prisión preventiva, por considerar que no había antecedentes suficientes para mantener a tres de sus representados privados de libertad. “Para la defensa nunca es grato que sus representados sean sometidos a prisión preventiva, sobre todo cuando los antecedentes a primera vista no son suficientes, como es el caso. Vamos a apelar a dicha resolución”, adelantó Sayamin Parada.

A juicio de los defensores públicos, este caso tiene una gran similitud con otro ocurrido en Rancagua, respecto al modus operandi. En tal caso la banda, compuesta por diez indivuduos -todos detenidos- cabó un túnel para robar a la empresa de valores Prosegur. En aquella opotunidad el Ministerio Público también formalizó por asociasión ilícita y robo en lugar no habitado.

EL DINERO SIGUE DESAPARECIDO
En ese caso el 4 de noviembre de 2023, un grupo de delincuentes no identificados perpetró un robo a la empresa de transporte de valores ‘Inkas’, ubicada en la comuna de Quilicura, desde donde sustrajeron más 2 mil 350 millones de pesos. Los sujetos ingresaron al lugar donde se mantenía la recaudación de la empresa, a través de un túnel de aproximadamente 20 metros, que contaba con luz, ductos de ventilación y receptores de WI FI. Luego huyeron del lugar.

El subprefecto Jorge Durán, jefe (s) de la Brigada Investigadora de Robos Centro Norte, explicó que se procedió con una exhaustiva inspección en el lugar del robo, se llevaron a cabo empadronamientos, se entrevistó a testigos y se revisaron grabaciones de cámaras de seguridad para reconstruir la ruta de escape de los delincuentes.

“Se pudieron identificar propietarios de estas placas patentes, propietarios y arrendatarios, en particular de los departamentos en ciertas comunas de la Región Metropolitana”, explicó Durán.

Gracias a estas diligencias y en coordinación con el Ministerio Público, se solicitó al tribunal 22 órdenes de allanamiento y detención en la Región Metropolitana y La Araucanía, las cuales se ejecutaron el lunes pasado.

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